Sin mordaza digital 13 de junio 2023.- La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), aprobó por mayoría absoluta este martes el orden del día en la interpelación del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por el traslado de efectivos policiales al departamento de Santa Cruz durante el paro cívico de octubre de 2022.

Antes de responder las preguntas de la ALP, el ministro de Gobierno aclaró que: “la Policía Boliviana tiene como tuición constitucional brindar seguridad en todo el territorio nacional, así que no es correcto asumir como el traslado de policías del interior del país, porque la Policía no es de Potosí, no es de La Paz, no es de Santa Cruz es Policía Boliviana y puede estar en cualquier punto del país en cualquier momento que sea necesario para cumplir su labor constitucional”.

Durante su explicación, Del Castillo aseguró que las declaraciones del ministro Montaño, estaban vinculadas a que se permita a las personas continuar con sus actividades diarias, que sus declaraciones tenían por objetivo que las personas puedan acudir a sus fuentes laborales; puesto que, no todos en este país se pueden dar el lujo de parar y no trabajar, ese privilegio solo es de alguna élite acomodada.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de algunos sectores campesinos, que se pronunciaron diciendo que “bloquearían” a los bloqueadores y que “si paran los pobres, que también paren los ricos”.

“Lo único que hicieron fue hacer justicia con el pueblo boliviano y cruceño. Santa Cruz vivió esos 36 días, una lucha de clases abierta, donde se demostró que los ricos no van a paro y que los únicos que se ven perjudicados con esas medidas son los sectores populares y trabajadores”, explicó.

También señaló que, el conjunto de las intervenciones policiales en estos hechos, se las realizó en el marco del “Manual para Operaciones Policiales de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público” aprobado por Resolución Administrativa Nº 266/17, de fecha 17 de septiembre de 2017 del Comando General de la Policía Boliviana, en cuyo contenido se establece las reglas y protocolos de intervención policial, respecto al uso de la fuerza policial; señalando además, la obligación de agotar todos los recursos persuasivos y de diálogo, observando el fiel cumplimiento de las leyes y los conjuntos de principios que protegen los Derechos Humanos y las Garantías Constitucionales.

“Dentro de los 36 días de paro que vivió la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en los que, amparándose en un derecho a la protesta sobre la realización del censo, se vivió una serie de conflictos, de los cuales, varios fueron protagonizados por miembros de la “Unión Juvenil Cruceñista”, señaló Del Castillo.

“Necesitamos dejar de lado los radicalismos, y que todos y todas pensemos en nuestra querida patria, Bolivia, eso es lo que quiere el pueblo boliviano y estamos trabajando para ello”, finalizó la autoridad.