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Gobierno de facto retiene ilegalmente a un observador del congreso argentino violando tratados internacionales

Prensa, 16-10-2020
Migración Bolivia retuvo ilegalmente al diputado Federico Fagioli, miembro de la Misión de Observación del Congreso Argentino luego que este arribó al aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto.

Pese al reclamo del personal diplomático, sin ninguna explicación le quitaron sus documentos y lo retuvieron en el aeropuerto, incumpliendo de esta manera los tratados internacionales que permite la llegada de veedores internacionales para los comicios generales.

En un video publicado por Radio Éxito, se puede ver como la Policía Nacional, que trabaja bajo las órdenes del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, discute con el cuerpo diplomático argentino que trata vanamente de hacer entender que este procedimiento es ilegal.

Un día antes el director General de Migración, Marcel Rivas, amenazaba inicnado lo siguiente en su cuenta de Twitter: El @TSEBolivia remitió invitaciones para “acompañar” las elecciones a 4 conocidos agitadores de extrema izquierda vinculados al régimen criminal de Maduro. @MIGRACION_BOL hará cumplirá la ley 370, quienes violen el objeto determinado de su ingreso sufrirán las consecuencias.

Hace unos días La Internacional Progresista (IP), que agrupa a políticos, activistas y organizaciones de izquierda de todo el mundo, reclamó al Gobierno transitorio de Bolivia que respete el papel de los observadores en las elecciones generales del país que se realizarán el domingo.

“Llamamos a las autoridades del Gobierno, funcionarios y a todo el mundo político a respetar el importante papel que los observadores electorales pueden desempeñar para garantizar la democracia”, dijo esa organización en su cuenta de Twitter.

Los lineamientos sobre el reconocimiento internacional de los Observadores Electorales, aprobado por la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia), señala que: “Debe garantizarse que ninguna autoridad gubernamental ejercerá presión a algún ciudadano nacional o extranjero que trabaje para, o provea de información a, una misión de observación electoral nacional o internacional (incluso a través de represalias o incentivos). Debe garantizarse a los observadores electorales por parte de las autoridades gubernamentales, el desarrollo e implementación de las actividades de los observadores electorales”

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